Fue el lugar en el que por primera vez se presentó en Madrid el teatro de la mítica compañía parisina Compagnie des Quinze y donde el británico Edwin Lutyens, uno de los urbanistas más destacados del siglo XX, presentó uno de sus proyectos. El Auditorium de la Residencia de Estudiantes, erigido en 1933, fue epicentro de la intensa actividad cultural que el florecimiento de las ciencias trajo consigo aquellos años. Sin embargo, el edificio, conformado por un salón de actos, una biblioteca y varias salas de lectura, tuvo una corta vida como espacio laico y una vez finalizada la Guerra Civil quedó, como todo, en manos de los franquistas.
La dictadura arrasó con la modernización de la educación y de la creación científica que había arrancado en España para sustituirla por una filosofía acorde al régimen. Así, con el objetivo de “restaurar la clásica y cristiana unidad de las ciencias” e “imponer las ideas que han inspirado” su “Glorioso Movimiento”, Franco creó en 1939 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Y, como parte de su proyecto, ordenó convertir el antiguo auditorio construido en época republicana en una iglesia: la Iglesia del Espíritu Santo. El templo, que llevan sacerdotes del Opus Dei, sigue hoy ocupando el mismo lugar de la nombrada por Juan Ramón Jiménez como Colina de los Chopos, en el número 125 de la conocida calle Serrano.
La idea que había tras la transformación la dejó escrita su arquitecto, Miguel Fisac, en la memoria del proyecto, de 1942: “Ante el problema de proponer una adaptación del Auditorium para algo que pueda ser útil, dentro de aquel conjunto dedicado al estudio, surge espontáneamente la idea de aconsejar su demolición. Es el procedimiento más radical y a la vez más fácil técnica y estéticamente, pero estéril. Si de las basílicas romanas surgieron las primitivas iglesias cristianas, por qué de un teatro o cine, en donde se pensaba ir ensuciando y envenenando, con achaques de cultura y de arte, a la juventud española, no puede surgir un oratorio, una pequeña iglesia para que sea el Espíritu Santo el verdadero orientador de esta nueva juventud de España”.
Poco cambió en este sentido el fin de la dictadura y la muerte de Franco hace casi medio siglo. El espacio, del que es titular el CSIC, que a su vez depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sigue siendo de uso religioso, tal y como pactaron el organismo y el Arzobispado de Madrid a través de un convenio firmado el 24 de febrero del año 2000. El acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es a través del Portal de Transparencia, fue firmado por el entonces presidente del CSIC, César Nombela, y el que fuera todopoderoso arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, para “formalizar la cesión al Arzobispado de Madrid de la iglesia del Espíritu Santo para uso religioso”. Nombela, fallecido en 2022, fue un científico discípulo de Severo Ochoa que se definía como cristiano y presidió el comité asesor de ética durante el último gobierno de José María Aznar, desde donde defendió su férrea oposición al aborto.
El convenio entró en vigor el día de su firma por una duración de 69 años “prorrogable por periodos de diez años hasta un máximo de 99”, especifica. Las prórrogas se producirán “automáticamente” salvo que una de las partes “formule denuncia” con una antelación mínima de tres meses mientras que “el incumplimiento de las obligaciones” por parte de la Iglesia dará lugar a su rescisión tras “un requerimiento en plazo suficiente”. Por eso, desde la Secretaría General de Investigación del Ministerio de Ciencia, encargada de tramitar la petición por Transparencia, especifican que “no se ha firmado ni procede formalizar prórroga alguna hasta 2069”.
El CSIC explica que desconoce los motivos por los que se firmó el convenio en su día, “bajo el mandato de un equipo diferente”, pero detalla que hasta entonces “de manera informal”, la iglesia dependía de la cercana parroquia de San Agustín, y el mantenimiento de las instalaciones correspondía al CSIC, algo que cambió a partir de ese acuerdo. Sobre si en algún momento se ha planteado (incluso si sería posible en virtud del convenio) la posibilidad de anularlo y recuperar el espacio, reconocen que “es un tema abierto”, pero sobre el que “no se plantea ninguna medida a corto plazo”.
Efectivamente, entre las condiciones de uso del convenio figura que será la Archidiócesis de Madrid la que debe hacer frente a los gastos derivados del uso del espacio –desde la electricidad a la calefacción o la limpieza– y de su mantenimiento mientras que “las reparaciones extraordinarias que no sean a consecuencia del uso religioso del templo serán asumidas por la propiedad”. El CSIC, eso sí, “quedará eximido de toda responsabilidad” derivada de cualquier posible “daño a las cosas o a las personas” con ocasión de los actos que se celebren.
Además, el convenio da potestad al Consejo para usar la iglesia “para celebraciones y actos institucionales” y, por su parte, el arzobispado puede utilizar si así lo autoriza el CSIC el claustro del edificio –el único espacio del antiguo auditorio que se quedó tal cual tras la reforma franquista–, que ha sido nombrado recientemente como ‘Claustro de la Memoria Democrática’. Por otro lado, la cesión de uso de la iglesia incluye no solo el espacio: también los “bienes histórico-culturales y demás objetos muebles” que son propiedad del CSIC y que estaban desde el inicio en el templo. En total, son 138 objetos detallados en un anexo del convenio que van desde candeleros a esculturas, vidrieras, sillas, reclinatorios o pilas “de agua bendita”.
Dos son los curas que habitualmente están en el templo, que celebra varias misas al día. “No tenemos poca actividad, suele haber bastantes bodas o funerales”, afirma uno de los sacerdotes, que apunta a “la buena acústica” que tiene debido a su naturaleza original como auditorio. El cura explica, además, que la “atención pastoral” está “confiada” por parte del Arzobispado de Madrid al Opus Dei desde la firma del convenio y señala que antes del 2000 la cesión del espacio ocurría “por la vía de los hechos”. Una escultura del fundador de la Obra, José María Escrivá de Balaguer, preside uno de los lados de acceso al altar.
Una nueva concepción de la ciencia
La transformación del antiguo auditorio en iglesia, iniciada en 1942, fue uno de los cambios más simbólicos propiciados por la dictadura en el ámbito de las ciencias. El golpe de Estado de 1936 truncó el intento de acabar con el aislamiento español y con la promoción de la investigación y la educación científica de la sociedad desde una perspectiva modernizadora que se había desplegado desde principios de siglo. En este sentido, la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), presidida por Santiago Ramón y Cajal, adquirió un papel clave en el fomento de la ciencia.
Creada en 1907 en el marco de la Institución Libre de Enseñanza, la JAE auspició la creación de una red de centros y laboratorios al frente de los cuales estaban intelectuales y científicos relevantes de la época. “Entre 1907 y 1936 la JAE dio un notable impulso a la investigación científica, en su seno se desarrollaron las instituciones que hicieron posible el progreso científico durante la Edad de Plata de la cultura y de la ciencia españolas”, destaca la publicación Tiempos de investigación JAE-CSIC, cien años de ciencia en España.
Una de estas instituciones fue precisamente la Residencia de Estudiantes, que en 1930 decidió proyectar el auditorio-biblioteca debido a que “las instalaciones de las que disponía eran a todas luces insuficientes” en un momento en el que era denominado “el primer centro cultural del país”, esgrime el investigador y arquitecto Salvador Guerrero, especializado en la arquitectura vinculada a la Institución Libre de Enseñanza. Así, en una parcela de 2.934 metros cuadrados los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez proyectaron la construcción del edificio “de uso múltiple” con una sala de conferencias con capacidad para 824 personas a la que se accedía desde la calle Serrano, hoy puerta principal de la Iglesia del Espíritu Santo.
Pero el 24 de noviembre de 1939 Franco inauguró el CSIC y con él, una nueva concepción de las ciencias estrechamente vinculada a la religión católica en consonancia con el ideario del régimen. Para ello, desmanteló la JAE y rompió con su enfoque regenerador, pero se valió de sus estructuras y centros, entre ellos, todos los que estaban en la madrileña Colina de los Chopos. “Hay una interrupción entre lo que se hacía antes y después. La JAE representaba una idea laica del conocimiento, pero la llegada de la dictadura introdujo una visión nacionalcatólica de la ciencia y esto lo enraiza todo”, explica Ana Romero de Pablos, historiadora de la ciencia del Instituto de Filosofía del CSIC.
Vínculos con el Opus Dei
Esta concepción la dejó clara desde un inicio el primer presidente del Consejo, el también ministro de Educación José Ibáñez Martín, conocido como el ‘gran inquisidor’ por su responsabilidad en la depuración del magisterio durante la dictadura. “Queremos una ciencia católica. Liquidamos, por tanto, en esta hora, todas las herejías científicas que secaron y agostaron los cauces de nuestra genialidad racional”, dijo en su discurso inaugural al asumir la presidencia. Su secretario general fue el científico José María Albareda, miembro destacado del Opus Dei. Ambos tuvieron un papel importante en la represión que el CSIC llevó a cabo contra los científicos de la JAE leales al régimen republicano, que acabaron fuera de sus trabajos, en la cárcel o el exilio.
También al Opus Dei –aunque luego lo abandonó y fue crítico con él– perteneció el arquitecto responsable de la iglesia, Miguel Fisac, que quiso conservar el claustro del antiguo espacio. “Visité el edificio y me pareció que no había nada que pudiera tener valor arquitectónico, ya que se notaba una cierta provisionalidad y, sin embargo, el claustro adherido a él sí que, dentro de su sencillez, me pareció precioso […] Le comenté mi opinión a Albareda y me dijo que podría, con mi propuesta, aprovechando las paredes de cuatro metros de altura, hacer un anteproyecto de adaptación para lo que podría ser la capilla del Espíritu Santo sin tocar para nada el claustro, como así se hizo”, escribiría después el propio Fisac.
En el mismo artículo de 1998 cuenta también el arquitecto que presupuestó la obra en un millón trescientas mil pesetas “incluida la decoración, el altar y el mobiliario”, según recuerda que especificó en la memoria “que creo le gustó al ministro señor Ibáñez Martín”. “Este proyecto se me adjudicó por amigable intervención de don José María Albareda, miembro del Opus Dei como yo en aquel tiempo”, prosigue Fisac, que asegura que “los encargos posteriores” que recibió del ministro “fueron consecuencia de que estuviera muy satisfecho” con la obra de la iglesia “que él visitaba casi todas las semanas”.
La memoria en el CSIC
Entre quienes dentro del propio CSIC conocen el origen de la iglesia son conscientes de que se trata de un hecho “muy significativo” de los antecedentes del propio Consejo y reconocen lo anacrónico que resulta que un espacio público perteneciente al principal órgano de investigación del país sea cedido a un culto religioso, pero al mismo tiempo admiten “dificultades” para plantearse la rescisión del convenio y apuntan a los posibles costes económicos o incluso procesos judiciales que quizá debería tener que afrontar el CSIC en ese caso.
Romero de Pablos, que ha formado parte del grupo de expertos que ha asesorado a la Presidencia en su reciente trabajo de adaptación a la Ley de Memoria Democrática, desconoce si algo así sería posible y apunta a lo “elocuente” que fue la transformación del espacio en el pasado. Coincide María Jesús Santesmases, investigadora del Instituto de Filosofía del CSIC y otra de las especialistas del grupo: “Es revelador de la ideología de Franco y una expresión clara de la forma en que la dictadura gestionó el espacio patrimonial de la JAE”.
La experta considera “interesante” poder pensar sobre el futuro de la iglesia. “Es delicado pero eso no quiere decir que no podamos hablar de ello, está bien que se abra este debate. La democracia posibilita repensar este tipo de cosas y quizá desacralizar el espacio no es algo que se deba descartar de antemano, otra cosa son las negociaciones que se deban hacer con las jerarquías eclesiásticas…”, reflexiona mientras recuerda que el informe que le CSIC elaboró sobre las medidas de memoria histórica llevadas a cabo en 2023 se menciona que el espacio está cedido a la iglesia, aunque no va más allá. “En las reuniones que tuvimos no se mencionó”, añade.
El informe enumera y explica la batería de acciones impulsadas por el CSIC para reconocer “su origen franquista”, cumplir “con las políticas de memoria” y contribuir a “la reparación de las víctimas”. Entre ellas, la retirada de los retratos de Ibáñez Martín y Albareda, el cambio de algunas denominaciones de institutos o la instalación de placas explicativas como las que contextualizan el símbolo del CSIC desde su fundación, el árbol de la ciencia, que representa la concepción nacionalcatólica del franquismo con el tronco central como la teología del que emanan el resto de saberes a través de las ramas.
Precisamente en “lugar simbólico” se quiso convertir el antiguo claustro del auditorio, en el que se decidió instalar una placa homenaje a los investigadores represaliados. Además, en junio del año pasado se celebró allí un acto al que asistieron autoridades del Estado. Hoy el claustro es de uso exclusivo del CSIC y una cristalera lo separa de la Iglesia del Espiritu Santo, desde donde puede observarse el conjunto que tanto impresionó a Fisac, aunque no acceder a él.