El Papa Francisco ‘degrada’ al Opus Dei: deja de depender del pontífice y su cabeza ya no será obispoBergoglio sorprende al atar más en corto a la organización privilegiada por Juan Pablo II, que será monitorizada anualmente
en religiondigital.com — 30 de julio de 2022 22:31h
Actualizado el 31/07/2022 05:30h
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“Esperábamos muchas cosas, pero no que se atreviera a meter mano al Opus Dei”. Estas palabras de un curial han llegado tras que el pasado viernes, el papa Francisco publicara Ad charisma tuendum (Para proteger el carisma), un Motu Proprio en el que, por primera vez en cuarenta años, aprieta las riendas al La Obra.
El texto exige abrir ventanas del colectivo fundado por Escrivá de Balaguer, y le obliga, en la práctica, a refundarse. Una noticia que, como muestra este curial en conversación con elDiario.es, ha sido toda una sorpresa.
Porque el Opus Dei ha sido, durante décadas, intocable. Puros, sin mancha, hasta el punto de asegurar (a pesar de portar, al menos, dos condenas en firme en su seno) estar limpios del mal de la pederastia en su seno. Pero la realidad escondía otras verdades, algunas de las cuales, como la situación de las mujeres en algunos de sus centros, terminaron por estallar.
La idea es acabar con esa omerta. El papa Francisco degrada en su escrito al prelado del Opus, es decir, su cabeza. Desde el 4 de agosto no podrá ser obispo, ni podrá portar los ropajes ni el anillo episcopal. También obliga a la organización, la única que gozó del carácter de Prelatura Personal en la vida de la Iglesia, a pasar a depender de la Congregación para el Clero, que monitorizará todas sus actividades. Cada año habrá una revisión y se podrán impedir algunos de los abusos que, en muchas partes del mundo, se han denunciado contra el Opus Dei, sus políticas de segregación y su absoluto control en las casas y colegios propiedad de la Obra.
Carisma más que jerarquía
En el escrito, Francisco “considera oportuno confiar al Dicasterio para el Clero la competencia para todo lo que corresponde a la Sede Apostólica en materia de Prelaturas personales, de las cuales la única hasta ahora erigida es la del Opus Dei”. La norma, que entrará en vigor el 4 de agosto, quita al prelado la condición episcopal (aunque el actual, Fernando Ocáriz, no era obispo, porque Francisco no quiso ordenarlo) y, en una sonora bofetada, recuerda a la Obra que “es necesaria una forma de gobierno basada más en el carisma que en la autoridad jerárquica”.
Una frase que supone una contradicción con lo que el mismísimo Juan Pablo II, el principal valedor del Opus Dei y de las polémicas beatificación y canonización exprés de Escrivá de Balaguer, pensaba que debía ser la Obra. Wojytla erigió el Opus Dei como Prelatura Personal con la Constitución Apostólica Ut sit, el 28 de noviembre de 1982 (ahora se cumplen 40 años), reivindicando “la naturaleza jerárquica del Opus Dei”. Algo que Francisco deroga con su legislación.
Cabreo interno
Además, la Obra habrá de presentar cada año “al Dicasterio para el Clero un informe sobre el estado de la Prelatura y sobre el desarrollo de su labor apostólica”. “Deseando, por tanto, salvaguardar el carisma del Opus Dei y promover la acción evangelizadora que sus miembros llevan a cabo en el mundo, y debiendo al mismo tiempo adaptar las disposiciones relativas a la Prelatura a la nueva organización de la Curia Romana, ordeno que se observen las siguientes normas”, señala el Papa, quien ordena que “los Estatutos propios de la Prelatura del Opus Dei serán convenientemente adaptados”.
La respuesta oficial del prelado (que no obispo) del Opus Dei, ha sido que “aceptamos filialmente” la resolución papal. Pero de puertas adentro el cabreo es importante. Y más cuando se sospecha que este es el primer paso antes de que Bergoglio decrete nuevas Prelaturas personales (se habla de alguna en el Amazonas) y quite a la Obra de Escrivá su privilegio exclusivo.
La elección de la fecha no es baladí: el día antes de comenzar su viaje a Canadá (abandonando una Curia que ya estará de vacaciones a su vuelta), y el día después de que ‘la Santa Sede’ (el documento no tenía firma) advirtiese al Camino Sinodal alemán de posibles excesos en sus peticiones de apertura a los gays, divorciados y mujeres sacerdotes. “Da la impresión de que el Papa sabe dar una de cal y una de arena, para no contentar a nadie, o tenerlos a todos en vilo”, destaca una teóloga española, que en los últimos meses ha trabajado codo con codo con el Papa en la elaboración de la reforma de la Curia. Lo que sí parece claro (y el ‘cónclave’ cardenalicio de finales de agosto lo demuestra) es que este verano será todo, menos tranquilo, entre los muros vaticanos.
El sueldo de los profesores de Religión que paga el Estado bate su récord con 115 millones de euros
- El Ministerio de Educación abona las retribuciones de los docentes de esta asignatura en centros de Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Ceuta y Melilla: el 95% imparten religión católica
- — Los alumnos de Religión caen a mínimos históricos cuando la materia está a punto de perder importancia por la Lomloe
7 de agosto de 2022 21:18h
Actualizado el 08/08/2022 05:30h
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El Gobierno destinó 115,9 millones de euros a pagar el sueldo de docentes de Religión en los cursos de Infantil y Primaria en 2021, el último año del que existen datos. Es la cantidad más elevada desembolsada por el Ejecutivo central en los últimos diez años, a pesar de que en este periodo el número de profesores se ha ido reduciendo.
Prohibido enseñar: nadie sabe qué hacer con los alumnos que no elijan Religión
A lo largo de la última década, los fondos públicos destinados a estos profesores han oscilado entre los 94,3 millones de euros en 2012 y los 115,9 de 2021. El número de personal contratado también ha oscilado entre 3.281 en el curso 2011/12 y 2.827 en el último periodo escolar, que terminó en el mes de junio.
El Ministerio de Educación afronta estas retribuciones porque tiene competencias para contratar a los maestros que no pertenecen a los Cuerpos de Funcionarios docentes y que imparten formación de las confesiones católica, evangélica e islámica en centros públicos de Educación Infantil y Primaria en Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, así como de todos los niveles educativos de Ceuta y Melilla.
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En estas comunidades autónomas es el Gobierno central quien les paga directamente las retribuciones salariales a estos trabajadores. En el caso de las ciudades autónomas, también hacen frente a la contratación de docentes de Religión para los alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato. En el último curso han contado con nueve profesores. En el resto de regiones, estas competencias están transferidas y los sueldos son abonados por los ejecutivos autonómicos.
Con esta financiación, el Ministerio afrontó en el curso 2021/22 el sueldo de 2.827 docentes que impartieron 131.301 horas. Un curso antes, en 2020/21, Educación contó con 2.829 profesores que dieron 132.476 horas, según una respuesta obtenida a través del Portal de Transparencia. Los datos de financiación y de docentes no se pueden comparar porque los primeros se desglosan en años naturales y los segundos en cursos escolares.
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Hablar de profesores de religión en España es, prácticamente, referirse a religión católica. En el último curso el 95,2% del total de los trabajadores contratados (2.692) impartieron religión católica, el 1,9% de los maestros (56) enseñaron sobre religión islámica y el 2,7% (79) evangélica, según los datos de Educación.
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Andalucía recibió 84 millones
Andalucía fue la comunidad que recibió la mayor financiación en 2021, con 84 millones. Las siguientes autonomías que obtuvieron la partida más elevada fueron Canarias (18 millones de euros), Aragón (6 millones), Cantabria (4 millones) y Madrid (73.623 euros), a esta última se le abona lo correspondiente por los servicios de educación a distancia. A las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se destinaron 2,1 y 1,2 millones de euros respectivamente.
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Teniendo en cuenta la financiación, Andalucía es la región que gestionó el curso pasado el mayor número de profesores contratados (2.021) y el mayor número de horas impartidas (48.469). Del total de docentes, únicamente 28 están contratados para impartir religión islámica, 65 imparten religión evangélica y 1.928 se dedican a la religión católica.
Financiación de la docencia en Ceuta y Melilla
En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla la distribución es más homogénea. En el curso 2021/22 en Ceuta trabajaron 16 docentes de religión católica y catorce musulmanes. Melilla registró 14 maestros de confesión católica y diez para la islámica. En ninguna de estas poblaciones se requirió la docencia de evangélicos.
El año 2017 supuso un punto de inflexión para la financiación estatal de la docencia religiosa. Desde entonces, la cantidad destinada por el Gobierno a esta partida no ha hecho más que crecer. En 2017 pagaron 98 millones. En 2018 el Ministerio de Educación abonó 105,7 millones. Un año después destinó 106,8 millones. En 2020 afrontaron esta partida presupuestaria con 112 millones de euros y en 2021, con 115,9 millones.
Hasta el año 2018 la barrera de los cien millones de euros en la última década únicamente se había superado en 2011 (103,3 millones) y en 2016 (100 millones de euros). En este periodo no se había llegado en ningún momento a superar los 110 millones de euros.
El dinero recibido y el número de horas impartidas han desarrollado tendencias dispares. Si en los últimos diez años la financiación ha aumentado con el paso del tiempo, el número de profesores y de horas totales trabajadas por estos docentes no ha hecho más que disminuir en ese periodo. Frente a los 3.281 maestros que contrató Educación en el curso 2011/12, el Ministerio contó en el último curso con 2.827 docentes. En esta última década han perdido a 454 profesores.
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La misma dinámica han sufrido las horas impartidas por estos trabajadores. Se ha pasado de 139.258 horas en el curso 2011/12 a 131.301 en el periodo escolar que terminó el pasado mes de junio. Cuando más tiempo se destinó a esta materia a lo largo de esta última década fue en el curso 2012/13, con 141.208 horas.
Nueve docentes en los centros educativos del extranjero
Desde el Ministerio no aclaran por qué ha aumentado la cantidad de dinero público que se destina a esta materia, a pesar de que el número de profesores ha ido disminuyendo progresivamente. En la respuesta emitida a través del Portal de Transparencia, Educación asegura que “en los totales del periodo 2018-2021 se incluye el gasto realizado por el abono de atrasos en ejecución de sentencias firmes en materia de trienios y sexenios”.
Educación financia la presencia en el temario académico de tres confesiones religiosas: católica, evangélica e islámica. Mientras la presencia de los docentes que imparten la doctrina de la Conferencia Episcopal ha ido disminuyendo, la presencia de docentes de religión evangélica ha aumentado en una decena en los últimos años, pasando de aproximarse a los 70 a acercarse a los 80. En el último curso, han contado con 79 docentes de esta confesión: 13 hombres y 66 mujeres.
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Un incremento parecido han experimentado los profesores que imparten la confesión islámica. Las cifras han aumentado también en una decena en los últimos diez años. En el curso 2011/12 había 45 y en el último, 56 (30 hombres y 26 mujeres).
Con esta partida también se financian las clases de Religión de los centros educativos en el exterior. En el último curso el Gobierno ha destinado 230.239 euros a este servicio en el que únicamente se imparte docencia sobre la confesión católica. Para ello han contado con nueve docentes distribuidos en Andorra, Bogotá, Lisboa, Londres, París y Roma, que impartieron 133 horas de docencia.
Un cura del Opus Dei ‘compró’ el silencio de una víctima de abusos con un contrato ante notario
- Manuel Cociña, sacerdote que convivió con el fundador de la institución, Escrivá de Balaguer, exigió en un documento notarial firmado en 2021 que la víctima renunciara “a cuantas acciones pudieran corresponderle” contra el cura, el Opus Dei o la Iglesia y le prohibía pronunciarse sobre el acuerdo
- — El Papa Francisco ‘degrada’ al Opus Dei: deja de depender del pontífice y su cabeza ya no será obispo
en religiondigital.com — 15 de agosto de 2022 22:37h
Actualizado el 16/08/2022 05:30h
Manuel Cociña –uno de los sacerdotes más relevantes del Opus Dei, que llegó a convivir con su fundador, José María Escrivá de Balaguer, y primer cura de la Obra condenado por abusos– abonó una “ayuda económica” de miles de euros a su víctima, a cambio de que esta renunciara a cualquier proceso penal y a comentar el caso e incluso admitiera que “esos comportamientos en ningún caso fueron abuso sexual”, según un documento notarial firmado en abril de 2021 al que ha accedido elDiario.es. El silencio como respuesta a los abusos.
“El sacerdote del Opus que abusó de mí lleva 30 años haciéndolo con chicos por toda España”
“Manuel-José Cociña Abella deberá comprometerse en (…) abonar a D. M. G. F. en concepto de ayuda económica la cantidad de 17.000 euros, dentro del plazo de quince días desde la firma de este acuerdo, y que obtendría de donaciones particulares”, reza el texto. La víctima ya recibió el dinero, según han confirmado a elDiario.es fuentes cercanas.
El concepto del abono es de “ayuda económica” por unos “comportamientos inadecuados”, según puede leerse. Ni en su día el Opus Dei, ni ahora el documento notarial, hablan de abusos. Es más, la víctima tiene que firmar que “esos comportamientos [ocurridos en un colegio mayor de Sevilla en 2002] en ningún caso fueron abuso sexual”.
El acuerdo indica que los gastos de “psiquiatra, psicólogo, medicamentos psiquiátricos o similares” que la víctima pudiera necesitar en un futuro –a partir de los seis meses de la firma del documento– debería asumirlos él mismo. Las posibles secuelas y su tratamiento por lo que tuvo que soportar en el Colegio Mayor sevillano a cuenta del sacerdote serán asunto suyo desde el punto de vista económico.
Renunciar a cualquier acción en cualquier tribunal
Una vez establecido el precio, el documento notarial se encarga de los compromisos que impone a la víctima. Por un lado, añade cláusulas que obligan a M. G. F. a “renunciar a cuantas acciones pudieran corresponderle contra don Manuel José Cociña Abella y contra cualesquiera otras personas, entidades o instituciones con él relacionadas (Colegio Mayor Almonte, Prelatura del Opus Dei, Arzobispado de Sevilla, Iglesia católica)”.
Es decir, este punto intenta apartar cualquier posibilidad de que el sacerdote o las instituciones a su alrededor se vieran reclamadas en los tribunales. Y en cualquier tribunal, ya que el párrafo prosigue: “En todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, etc.) y en todas las jurisdicciones, tanto nacionales (España, Chile o cualquier otro país) como internacionales (Cortes Internacionales, Santa Sede o cualquier otra), por cualesquiera hechos acaecidos en el Colegio Mayor en 2002”.
Cociña solo ha respondido ante la justicia canónica que le condenó, según su terminología, por “solicitación” e “imprudencias” a cinco años sin poder ejercer en público, cinco de atención espiritual en su centro y tres décadas de prohibición de acción pastoral con menores de 30 años.
Este sacerdote no es un cura cualquiera dentro del Opus Dei. Cociña convivió con el fundador de la institución, José María Escrivá de Balaguer, y durante años fue uno de los religiosos miembros del Opus Dei con mayor influencia en España.
También es el primer sacerdote de la Obra en ser condenado por el Vaticano por abusos sexuales –aunque el código católico aplicara otras terminologías–. Con su caso, la organización accedió por primera vez a pedir perdón a la víctima. Todo ello después de más de un año de publicaciones en Religión Digital y elDiario.es, que obligaron a la Obra a emitir dos comunicados y a informar, por primera vez en su historia, de la existencia de abusos en la institución.
Sello de silencio
Una vez abordado el tema judicial, el documento se encarga del silencio público. Y redacta que la víctima se compromete una vez recibido el dinero y “por el deseo de no causar daños a las personas, entidades o instituciones relacionadas” a “no desvelar ni pronunciarse en los medios de comunicación sobre este acuerdo ni sobre sus términos, pudiendo de lo contrario don Manuel José Cociña Abella ejercitar la acción de reembolso de la cantidad abonada, en concepto de cláusula penal”.
La víctima, que hoy vive en Chile, ha declinado hacer declaraciones sobre el citado contrato, aunque sí quiso aclarar que, una vez el Opus Dei admitió los “comportamientos inadecuados” de Cociña y procedió a su condena eclesiástica, el prelado de la Obra, Fernando Ocáriz, le pidió “perdón por los daños” que sufrió y “por las heridas causadas por un sacerdote de la Obra”. Poco después, según ha podido saber elDiario.es, se puso en marcha el procedimiento de compensación, de carácter privado y en el que el Opus Dei oficialmente no participó.
Este diario ha intentado contactar con Cociña, quien actualmente continúa residiendo en una casa de la Obra en Granada, cumpliendo la condena dictada por la Congregación para la Doctrina de la Fe: cinco años la prohibición de predicar, escuchar confesiones y administrar sacramentos y sacramentales, salvo la misa en privado, por un delito de ‘solicitación’ y otros de ‘imprudencias’. Cumplido este periodo, su actividad pastoral quedará limitada al ámbito del centro del Opus Dei en el que tiene su domicilio por otros cinco años. Además, de manera indefinida, no podrá prestar atención pastoral a personas menores de 30 años.
Fuentes cercanas al clérigo admiten que “está tranquilo” y “dispuesto a seguir adelante, aceptando la condena y las consecuencias derivadas”.
La pena canónica es en realidad ínfima para un cura que, según los testimonios de varias personas en un proceso canónico cuyas actas, pese a lo que prevén las normas aprobadas por el Papa Francisco, no han sido entregadas a la víctima, practicaba tocamientos en los genitales durante la confesión a varias víctimas, delitos canónicos que podrían haber acabado con su excomunión o, al menos, con su expulsión del sacerdocio.
En una nota firmada el 16 de julio de 2020, el Opus Dei anunciaba la condena a Cociña y aseguraba que “la Prelatura está atendiendo los gastos médicos y psicológicos del denunciante, a través del Arzobispado de Santiago de Chile”.
Ahora, el portavoz de la Prelatura en Roma, Marco Carroggio, apunta a elDiario.es que la Obra, como tal, solo ha participado en un caso de mediación en Estados Unidos, así como en otro en la actualidad en otro país de Latinoamérica.
“Lo importante es resolver bien cada caso”, recalca el portavoz de la Obra, quien muestra su extrañeza por la exigencia del silencio, “salvo que sea petición de la víctima”. No es este el caso. “Para nosotros, la vía en estos casos son los protocolos de la Prelatura. ”En resumen, lo que hay que hacer es abrir una investigación y un proceso civil o canónico“, concluye Carrogio.
La auditoría de la Iglesia detecta al menos 30 acuerdos secretos con víctimas de pederastia y pagos de hasta 50.000 euros
- El bufete encargado de la investigación de casos de abusos sexuales en instituciones católicas ha constatado decenas de documentos extrajudiciales y compensaciones económicas para evitar los tribunales
- Exclusiva — Un cura del Opus Dei ‘compró’ el silencio de una víctima de abusos con un contrato ante notario
16 de agosto de 2022 22:10h
Actualizado el 17/08/2022 08:36h
La investigación de abusos en la Iglesia española ha revelado, por el momento, la existencia de decenas de acuerdos extrajudiciales firmados entre denunciados y víctimas de pederastia. El equipo que está al frente de la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal ha detectado “alrededor de una treintena” de documentos en los que se “renuncia a los tribunales” en casos de agresiones sexuales, según detallan fuentes del grupo de trabajo creado por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo.
Los acuerdos extrajudiciales revisados por el equipo encargado de las pesquisas encomendadas por los obispos afectan sobre todo a la congregación de los Maristas y han llegado al despacho de abogados a través de los encuentros que el equipo de Cremades ha mantenido con asociaciones de víctimas, según añaden las fuentes consultadas por esta redacción.
Debido al carácter privado de los documentos y a la falta de transparencia de la Iglesia Católica española en este asunto, no es descartable que existan otros muchos acuerdos firmados a título personal o por instituciones religiosas de los que la auditoría no tenga conocimiento. La labor de esta comisión de investigación, que comenzó en febrero, se alargará durante un año.
En los documentos revisados por el grupo de trabajo se refleja un procedimiento estándar y no un acuerdo individual. En estos casos, la conciliación se ha alcanzado a través de un organismo de mediación establecido y aceptado por las partes, según explican fuentes de la auditoría. Además, en los textos queda claro que los victimarios reconocen los hechos.
Comprar la impunidad y el silencio
La particularidad del documento notarial firmado por el cura del Opus Dei Manuel Cociña –uno de los sacerdotes más relevantes de la Obra, que llegó a convivir con su fundador, José María Escrivá de Balaguer– es que en él no se admiten los hechos, aunque se compensa económicamente a la víctima. En el documento notarial desvelado por elDiario.es se habla de “comportamientos inadecuados”.
En el escrito publicado por esta redacción se constata que los 17.000 euros de “ayuda económica” acordada se abonan a cambio de que la víctima renuncie a cualquier proceso penal y a comentar en medios de comunicación lo sucedido, e incluso debe admitir que “esos comportamientos en ningún caso fueron abuso sexual”.
La justicia canónica condenó a Cociña por “solicitación” e “imprudencias” a cinco años sin poder ejercer en público, cinco de atención espiritual en su centro y tres décadas de prohibición de acción pastoral con menores de 30 años. Por este caso, la organización accedió por primera vez a pedir perdón a la víctima. El Opus Dei emitió entonces un comunicado en el que se referían al comportamiento del sacerdote como “actuaciones canónicamente reprobables”.
Tras la publicación del acuerdo extrajudicial entre Cociña y D. M. G. F. en elDiario.es, la prelatura asegura que “no ha habido silencio ni cláusula de confidencialidad alguna” en este caso. Además, añaden en una nota de prensa publicada este martes que en este procedimiento el delegado del Opus Dei “mantuvo un contacto estrecho con el denunciante durante todo el proceso y le procuró atender con la mayor cercanía posible”.
El futuro de un documento notarial
Para analizar estos acuerdos, Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), señala que lo primero que hay que examinar es si el caso está prescrito. En caso de que así sea, la denuncia ya no tendrá recorrido por la vía penal. Si en cambio la causa continúa viva, Tamarit sostiene que “un documento formalizado ante notario en el que alguien renuncia a ejercitar una acción penal en principio no tiene consecuencias”. Y añade: “La acción penal no es algo a lo que se pueda renunciar, como sería una acción civil, donde se recibe una cantidad a cambio de no reclamar más”.
En esa misma línea se pronuncia la profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, Carmen Cuadrado. Esta docente defiende que un “notario únicamente refleja que es cierto lo que se ha dicho ante él, que esa declaración se ha producido”. “Nunca puede ser prueba de validez del contenido de las afirmaciones”, señala.
El catedrático de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos Antonio Cuerda se muestra en contra de estos acuerdos extrajudiciales en casos de delitos sexuales. En su reflexión, señala que esta actuación “beneficia a todos los intervinientes”, “sobre todo al autor” porque “evita la cárcel o reduce el tiempo de prisión”.
Cuerda defiende que también gana el magistrado porque “evita un juicio y una sentencia engorrosa” y los abogados, tanto el de la víctima –que tiene que afrontar “una estrategia acusadora generalmente complicada”– como el del denunciado –porque su estrategia “se simplifica al máximo”–. Y concluye: “Pierde la sociedad, ya que la ausencia de reacción penal facilita la reincidencia del autor”.
Cremades aboga por indemnizaciones
Otras fuentes jurídicas consultadas defienden que este acuerdo “supone una renuncia de derechos” que los jueces van a tener en cuenta. Por su parte, el abogado Eduardo Ranz subraya que estos acuerdos deberían “ser homologados” ante un magistrado. Esta actuación implicaría que “el religioso” reconozca los hechos y que el Ministerio Fiscal pueda “continuar con el proceso, aun sin acusación o víctima”.
En los acuerdos revisados por el grupo de trabajo del despacho de Cremades, las indemnizaciones económicas oscilan entre los 9.000 y los 50.000 euros, según detalló el abogado en una entrevista a Europa Press. El presidente del bufete que ha asumido el encargo de los obispos aboga por que la Conferencia Episcopal indemnice a las víctimas a pesar de que los casos estén prescritos.
En relación a estos documentos, Cremades indicó a la agencia de noticias que han “aprendido de las víctimas que el procedimiento penal no siempre es el lugar idóneo para resolver su problema”. “Y, aunque animemos, y ojalá lo hagan más, a denunciar penalmente todo lo que sucede y la Fiscalía tenga que actuar, la realidad es que no está siendo fácil para ellas enfrentarse a un lugar en el que se va a dudar de su testimonio”, ha apuntado, aunque señaló que “en ningún caso” defiende “eludir” la responsabilidad de los victimarios.
Las claves del plebiscito que decide si Chile entierra la Constitución de la dictadura
- Este domingo se espera un resultado ajustado sobre la aprobación o no del nuevo texto, que garantiza derechos sociales, reorganiza las instituciones y divide a la opinión pública
- ENTREVISTA — Elisa Loncon, expresidenta de la convención constitucional: “Se está mirando a Chile como un referente para Latinoamérica y el mundo”
Santiago de Chile (Chile) — 3 de septiembre de 2022 22:16h
Actualizado el 04/09/2022 05:30h
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Más de 15 millones de chilenos y chilenas están obligados a votar este domingo 4 en el plebiscito que decidirá si Chile apuesta por una nueva Constitución que sustituya la vigente, diseñada y aplicada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y reformada parcialmente en democracia.
Chile baraja alternativas ante el posible rechazo a la nueva Constitución
El nuevo texto, redactado por la primera asamblea constituyente paritaria del mundo, tiene 388 artículos y da un giro de 180 grados en la garantía de derechos básicos y la definición de las instituciones chilenas. En su primer artículo establece que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico” y dice que “su democracia es inclusiva y paritaria”.
El plebiscito constitucional es el hito que corona un proceso constituyente que fue empujado desde la calle. Las protestas ciudadanas que empezaron en octubre de 2019 estudiantes de secundaria que se quejaban por el alza del transporte público dio pie a las movilizaciones más masivas desde el retorno a la democracia. En medio de extensas jornadas de protesta, las fuerzas políticas, de forma transversal, suscribieron un acuerdo “por la paz y una nueva Constitución”. Después del plebiscito para empezar el proceso, en el que el 78% votó a favor del cambio constitucional, ahora la decisión pasa por aprobar o rechazar el texto escrito durante un año por 154 constituyentes.
Voto obligatorio
De forma excepcional, el plebiscito tiene, por ley, carácter obligatorio y quienes no sufraguen deberán pagar una multa de hasta 178.000 pesos (casi 200 euros). En Chile, el voto es voluntario desde 2012, año en que empezó a disminuir la participación electoral. Desde entonces, ese indicador ha oscilado en torno al 50% en todas las elecciones. La segunda vuelta presidencial, que disputaron el actual presidente de izquierdas Gabriel Boric y el ultraderechista José Antonio Kast alcanzó un 55,7% de participación. Es hasta ahora la elección más concurrida. Sin embargo, la obligación de ir a votar alterará la tendencia de la participación y podría definir el resultado.
“El voto obligatorio generará un aumento de la participación electoral de al menos el 10%, por lo que deberíamos estar como mínimo en torno al 65%”, dice el politólogo de la Universidad de Talca Mauricio Morales. Según él, con este aumento “se espera que se reduzca la brecha de clase porque siempre las comunas más ricas han votado más que las más pobres”. En la Región Metropolitana (RM) y Valparaíso este aumento beneficiaría a la opción “apruebo”. “Ambas regiones representan el 55% del padrón electoral con lo que el apruebo puede mantener sus esperanzas allí”, dice el académico. En el resto del país si sube la participación sube el “rechazo”.
Polarización y triunfo del ‘rechazo’
Hace meses que las encuestas posicionan al ‘rechazo’ como opción ganadora. Los últimos sondeos le otorgan una ventaja de en torno a los 10 puntos. Sin embargo, los expertos y analistas no dan nada por cerrado. Algunos incluso consideran que el resultado será muy ajustado.
Entre las principales razones que generan mayor controversia hay aspectos relacionados con el sistema de gobierno, que establece dos cámaras (el Congreso de Diputadas y Diputados, el más poderoso, y la Cámara de las Regiones) y la desaparición del Senado; la protección de la propiedad de bienes como las pensiones o la vivienda; y la plurinacionalidad. Los detractores del texto lo califican de “indigenista” y consideran que algunos artículos pueden profundizar la división del país.
La sociedad chilena lleva un tiempo fuertemente polarizada. Primero fue con el plebiscito de octubre de 2020, luego vino la elección presidencial, en concreto, la segunda vuelta, y ahora el plebiscito para aprobar el texto. “Tenemos que evitar que el lunes [5 de septiembre] se transforme en una idea de que hay vencedores y vencidos, y un clima que aumente la polarización”, dijo esta semana el ministro Giorgio Jackson.
Para algunos expertos, no se trata tanto de una polarización ideológica, sino más afectiva y emocional. Una suerte de “nosotros contra ellos”. “El país va a terminar dividido sí o sí, y mínimo un 45% de la población va a quedar descontenta con el resultado, es decir, la convención fracasó en su objetivo de unir al país. Lo dividió y fracturó la amistad cívica”, dice Morales. Para la politóloga de la Universidad de Concepción Jeanne Simon, solo si el resultado es ajustado “obligará a las fuerzas políticas a trabajar juntas y encontrar más puntos en común, sin que un sector que se siente ganador excluya los demás”.
Han contribuido a la división los bulos y otras formas de desinformación, que han sido constantes desde el inicio del proceso constituyente. “Dada la complejidad temática de la Constitución, ha habido noticias falsas que han emergido de leer o interpretar mal el texto y han surgido opiniones que, sin ser necesariamente falsas, no han sido suficientemente claras o bien explicitadas y eso produce dudas”, dice Miguel Ángel López, politólogo de la Universidad de Chile y de la Universidad Diego Portales.
Más allá del plebiscito
Gane quien gane, hay algo que en las últimas semanas ha quedado claro: el proceso no termina este domingo. Si gana el ‘apruebo’, los partidos del Gobierno tendrán que cumplir el compromiso que adoptaron hace unas semanas y que consiste en modificar los puntos más controvertidos del texto a través de reformas que se llevarían a cabo en el Congreso. Este pacto no gustó al ala más dura de su propia coalición, pero fue la apuesta de Boric a los indecisos para dar certezas de reformas. “El acuerdo contribuyó a que parte de los votantes de centroizquierda pudiesen verse más representados y por una estrategia de reforma”, dice Morales.
En el caso de ganar el ‘rechazo’, existe cierto consenso político de que la Constitución actual debe cambiarse porque casi el 80% así lo expresó en el plebiscito de octubre 2020. El presidente ha dicho que su opción pasa por no repetir un plebiscito, sino llamar a una nueva elección de convención, que probablemente tendría nuevas reglas. De hecho, dos parlamentarios del centro-izquierda han presentado un proyecto de ley para que, en caso de ganar el ‘rechazo’, que promueven sectores que van desde la ultraderecha hasta la centro-izquierda, el presidente pueda dar los pasos necesarios para convocar una nueva convención. “Es un plan B del que nunca se quiso hablar explícitamente, pero que ahora es más necesario que nunca considerando las posibilidades de que el ‘rechazo’ se imponga”, dice Morales.
En la mesa hay otras opciones como modificar la propuesta constitucional: una convención integrada por parlamentarios, un comité de expertos o una reforma a la actual Constitución de 1980 con un cambio legal que reduce el quórum para ello. Las respuestas se conocerán a partir de este domingo.
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