Ante la visita del Papa León XIV, la Unión de Ateos y Librepensadores (donde se incluye la Associació Valenciana d’Ateisme i Lliurepensament, AVALL), junto con la Fundación Ferrer i Guardia y Europa Laica, han puesto en marcha la campaña “YO NO TE ESPERO”, donde se denuncia que se le dé al Papa un trato de Jefe de Estado, con el consiguiente despilfarro de recursos públicos, en vez de tratar la visita como un líder de una religión determinada que visita un estado aconfesional, tal y como dice la tan manida e inaplicada Constitución.

Las organizaciones que hemos puesto en marcha esta campaña, no tenemos ningún problema con que el señor Robert Francis Prevost venga cuando quiera, puede hacer lo que le dé la gana, puede juntarse con sus amigos y colaboradores y montar los “tardeos” que crea convenientes.

El problema surge bajo dos aspectos.

En primer lugar, se lleva al Congreso, templo de la democracia nos dicen, al Jefe de Estado del Vaticano, el país más antidemocrático del mundo, país homófobo, discriminador de la mujer, pasivo frente a abusos sexuales, y que, pese a una palabrería progresista, su doctrina sigue condenando las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el uso de técnicas de planificación familiar, el aborto, el divorcio y la eutanasia.

Y, segundo, porque con la visita, lo que subyace es consolidar los privilegios que ya tiene la Iglesia Católica y, si puede, arrancar alguno más.

Respecto a la última visita papal, se han empeorado las condiciones.

A las demandas habituales de estas tres asociaciones, ahora hay que añadir las inmatriculaciones, o sea, los miles de edificios, solares, ermitas, tiendas, garajes, plazas que la Iglesia Católica ha puesto a su nombre sin ningún documento que acredite la propiedad, únicamente con el aval del obispo correspondiente.

También hay que hacer notar la desaparición, en los programas electorales de partidos “progresistas”, de cualquier mención a la laicidad (separación total del Estado y la Iglesia), apostando por la llamada multiculturalidad que, en definitiva, supone que los privilegios de los que ya disfruta la Iglesia Católica, se extiendan al resto de confesiones religiosas.

Para justificar toda esta parafernalia de actos y gasto público, el Estado califica la visita de “interés público”, cuando sabemos que los católicos son algo más del 45 %, pero los practicantes apenas llegan al 15 %. Si como dice la Constitución, el Estado es aconfesional, eso quiere decir que no tiene religión y, por tanto, un acto religioso, no puede ser un acto de “interés público”.

También dice la Constitución que en ningún caso debe haber discriminación por motivos religiosos, y en las visitas papales, siempre hay una grave discriminación hacia quienes profesan otras religiones o no profesan ninguna.

De los abusos sexuales, siendo un papa “progresista”, seguramente reconozca o pida perdón a las víctimas, pero si sólo se hace para quedar bien o para seguir aumentado la etiqueta de “progresista”, será una tomadura de pelo. Lo que debería hacer la Iglesia, es mostrar sus archivos y enseñar qué ha pasado con los más 10.000 religiosos en todo el mundo que han cometido abusos, dónde los han escondido o trasladado, o si siguen en sus puestos con criaturas a su alcance. No se trata de pedir perdón, es algo más, es tomar medidas drásticas y que la Iglesia denuncie a todos los religiosos que hayan cometido abusos para que sea un juez, y no un obispo, el que decida (sólo en España más de 230.000 víctimas, según informe del Defensor del Pueblo).

Una vez más, y se repite con cada visita papal, hay peticiones históricas.

Una, es la derogación del Concordado con la Sante Sede y sustituirlo por una ley de Libertad de Conciencia acorde con la Constitución. El razonamiento es simple pero contundente. Las condiciones de los católicos se negocian con el Vaticano, pero estoy seguro que nadie, en su sano juicio, entendería que, las condiciones de los musulmanes en España se negociaran con el rey de Marruecos.

Otra petición es que, a todas las confesiones religiosas, se les aplique la legislación civil en todo lo que se refiere a impuestos, permisos, transparencia, y sobre todo la contabilidad, pues es una vergüenza inaudita no saber en qué se gastan los más de 11.000 millones que, según Europa Laica, recibe la Iglesia Católica en forma de subvenciones (estatales, autonómicas, diputaciones, municipales), enseñanza concertada, casilla del IRPF, entradas a monumentos, reparación del patrimonio, exención del IBI, capellanes castrenses o en hospitales, …

Sin olvidar que nada ha dicho la Iglesia Católica sobre el tráfico y robo de miles de bebés entre 1938 y 1990 (cerca de 300.000 según la asociación SOS Bebés Robados), bebés separados de sus familias biológicas, mediante engaños y falsificaciones documentales, previo pago de elevadas cantidades de dinero, robos que en la mayoría de casos contaron con la colaboración de órdenes religiosas.

Aunque todos miren para otro lado o se ignore la ley porque conviene política o electoralmente, lo único que podría agradecer al Papa, es que, con su visita, quizás descansemos unos días de unos informativos monográficos sobre una corrupción insoportable que corroe los cimientos de la convivencia y favorece el ascenso de ciertos partidos que, de antemano, ya os aseguro, continuaran haciendo lo mismo.