Los obispos se reúnen esta semana y, entre otros asuntos, van a abordar su nueva campaña para captar fondos en la declaración de la renta, Línea 105 Xtantos. Próxima parada, según informaron en un comunicado. Las transferencias del Estado por la vía de la casilla del IRPF suponen un 23% de los ingresos totales de las diócesis españolas, según la Conferencia Episcopal. Es este un sistema, empero, muy discutido por parte de la doctrina jurídica, que solo sirve para financiar a la Iglesia Católica y no a otras confesiones y que la mayoría del país rechaza, según el Barómetro sobre Religión y Creencias, elaborado a finales del año pasado.

La pregunta que se hizo en ese estudio y que supone la principal referencia al respecto, según los expertos consultados por Público, fue: «¿Al hacer la declaración de la renta, se puede destinar el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF al sostenimiento de la Iglesia Católica, estás de acuerdo?» Solo el 26% de las 4.742 personas encuestadas respondió que sí, es decir, que apoya que exista la casilla, otro 7% estaría de acuerdo si se ampliase a otras religiones y no solo la Iglesia Católica recibiera esta asignación. Un 54% afirmó estar en completo desacuerdo y consideró que las religiones deben autofinanciarse. Un 6% estaría de acuerdo con otras formas de colaboración estatal con la Iglesia Católica. El resto, otro 7%, optó por no responder a la pregunta.

La cuestión es polémica aún entre quienes se declaran católicos: al 47% le parece bien la casilla, pero el 34% la rechaza. La casilla a favor de la Iglesia solo supera el 50% de los apoyos entre quienes se ubican a sí mismos en la escala ideológica entre el 7 y el 10, es decir, a la derecha.

Los datos que aporta la Conferencia Episcopal, que toma de la Agencia Tributaria, revelan que el 30% de las declaraciones, un porcentaje similar al de quienes ven bien la casilla, recoge la X a favor de la Iglesia. Este porcentaje, aunque el número total de declaraciones, sí ha ido en aumento, ha descendido cuatro puntos en los últimos quince años. La partida también se incrementa cada año desde 2015, cuando el Estado aportó 249 millones a la Iglesia. En 2024, la cifra ascendió a 429 millones de euros.

La autofinanciación de la Iglesia

Los acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede recogen una cláusula que jamás se ha aplicado casi 50 años después a través de la cual la Iglesia católica se compromete a autofinanciarse. En el artículo 2.5 del apartado dedicado a los «asuntos económicos» la Iglesia declaraba «su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades«.

Luego, añade: «Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera […] por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado». A la vista de los datos del barómetro y de recaudación, cabe preguntarse si está maduro el asunto como para abrir ese melón.

«El compromiso de autofinanciación de la Iglesia Católica es un tema que viene de lejos. El melón no sólo está maduro, sino que comienza a estar pasado, pues ha transcurrido ya casi medio siglo de aquello, y no se ha hecho prácticamente nada al respecto, pues el Estado sigue financiando directamente a la Iglesia con una minoración de los ingresos en el IRPF», analiza Alejandro Torres Gutiérrez, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Pública de Navarra.

«Otra cosa es que, en vísperas de unas elecciones, no sea del todo conveniente agitar el avispero del voto católico, una de las primeras cosas que no se debiera hacer, si no se quiere perder las mismas. Ese es el problema, siempre parece que es mal momento«, agrega el profesor Torres.

El presidente de Europa Laica, José Antonio Naz, considera: «Casi 50 años después de los Acuerdos con la Santa Sede no sólo no se ha dejado de financiar a la Iglesia Católica, sino que se han incrementado las cantidades. Se mantienen todas las subvenciones y las exenciones de impuestos. Y no se plantea en el Gobierno ni en el Parlamento la derogación de aquellos acuerdos, a pesar de haberlo aprobado en una Comisión en el Parlamento en 2018. Y seguimos así, a pesar de que la mayoría de la sociedad entiende ya que las Iglesias deben mantenerse con el dinero de sus fieles y no tenemos que pagar las creencias de unos con el dinero de todos», afirma José Antonio Naz, presidente de Europa Laica.

La Conferencia Episcopal, por su parte, argumenta en su última memoria de actividades que pagó 290 millones de euros en impuestos en el año 2024 y defiende que con los ingresos del Estado genera múltiples beneficios sociales. Los obispos aseguran en ese documento que la actividad que realizan las entidades de la Iglesia «tiene una repercusión socioeconómica en sectores clave de la economía».

También señalan en la Conferencia Episcopal la labor asistencial ingente que, a su juicio, efectúan, con 9.000 centros y cuatro millones de personas atendidas. La memoria recoge que la mayoría del dinero se envía a las diócesis, que lo gastan a su criterio. También sirve, entre otras cosas, para pagar la seguridad social del clero y las retribuciones de los obispos y el funcionamiento de la Conferencia Episcopal, según la memoria.

La Conferencia Episcopal interpreta que la asignación tributaria supone que «la Iglesia ya no recibe cantidades con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para su sostenimiento básico«, sino que son «los ciudadanos que lo deseen» quienes deciden «que el 0,7% de su contribución se destine a las necesidades de la Iglesia». «Este hecho —añade la Conferencia Episcopal en su página web— es de una gran importancia, puesto que, de este modo, el sostenimiento de la Iglesia depende exclusivamente de las aportaciones de los fieles a través de las distintas formas establecidas para ello».

El Tribunal de Cuentas, en un informe del año 2020, en su hasta la fecha única fiscalización del dinero que el Estado destina a las confesiones religiosas, enmarca así la cuestión: «El acuerdo configura a la asignación tributaria como el mecanismo a través del que el Estado colabora al adecuado sostenimiento de la Iglesia mientras esta no alcance la autofinanciación de sus necesidades».

«La asignación tributaria —prosigue el informe— es el instrumento jurídico que permite canalizar unos fondos de origen público procedentes de las cantidades recaudadas por el Estado provenientes del IRPF hacia una confesión religiosa, la Iglesia Católica, para dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Estado de colaborar en la consecución de su sostenimiento económico, lo que explica su registro como menor ingreso del Estado«.

Tres argumentos

El catedrático Torres aporta a Público tres argumentos a favor de reabrir el debate sobre la cuestión. «El primero es el de la congruencia en relación con los postulados constitucionales desde el momento que el artículo 16.3 de la Constitución afirma que ‘ninguna confesión tendrá carácter estatal’, y ninguna en castellano significa precisamente eso, ninguna, algo que no puede interpretarse como ‘salvo una'».

El segundo motivo, aduce Torres, es el del «respeto a los compromisos asumidos por la Iglesia en un Acuerdo suscrito en 1979, y que se equipara a un Tratado Internacional, por lo que pacta sunt servanda, es decir, lo pactado está para ser cumplido«.

Y la tercera razón es que, a juicio del catedrático, «a la Iglesia le conviene ser independiente económicamente del Estado, cosa que actualmente no lo es». «Y no lo será —prosigue Torres— mientras los católicos no sean consecuentes con sus propias creencias, y sigan cómodamente anclados en su tradicional tacañería, a pesar de que el 80% de los primeros 250 euros donados, es directamente deducible en el IRPF, siendo suficiente con que cada uno de los 10 millones de católicos españoles aportasen 43 euros al año, unos 80 céntimos en el cepillo de cada misa dominical [la Iglesia cifra en 48 euros lo ingresado por cada declaración de media]. No es una cuestión de anticlericalismo, sino de coherencia, por parte del Estado, de la Iglesia y de los fieles. Que cada palo aguante su vela».